Aprobada una ordenanza para regular la ocupación de cajeros automáticos en la vía pública
El Ayuntamiento de Alhendín, en el pleno ordinario de marzo celebrado ayer, ha aprobado inicialmente y por unanimidad una ordenanza fiscal que regulará la ocupación del dominio público local con los cajeros automáticos de entidades de crédito con acceso directo desde la vía pública.
Según Francisco Rodríguez, alcalde de Alhendín, “en los últimos años, este tipo de elementos ha proliferado en el municipio, por lo que hemos considerado necesario llevar a cabo una medida que contemple la regulación de los mismos”.
En este sentido, el primer edil ha señalado que dicha ordenanza se adapta a las últimas modificaciones legales recogidas en el Real Decreto que regula las haciendas locales “aplicando las tarifas vigentes sin suponer un aumento de la presión fiscal, sino manteniendo el nivel recaudatorio actual y permitiendo la prestación de los servicios municipales con el consiguiente equilibrio financiero”.
Tras esta aprobación inicial en sesión plenaria, el texto, que prevé un pago anual de 800 euros por cada cajero automático, se expondrá al público durante 30 días hábiles y en caso de no presentarse ninguna reclamación se aprobará de manera definitiva con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Ordenanza para regular los lodos
El Ayuntamiento de Alhendín también aprobó en el pleno celebrado ayer una ordenanza municipal reguladora del transporte, utilización y vertido de lodos procedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales (E.D.A.R.), purines, estiércoles y otros residuos provenientes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
Como ha explicado el concejal de Medio Ambiente, Cristian García, “el municipio viene sufriendo desde hace un tiempo los malos olores desprendidos de una mala praxis en lo que transporte, uso y vertido de estos residuos se refiere en terrenos rústicos próximos al casco urbano, con lo que la puesta en marcha de esta ordenanza era más que necesaria”.
Según recoge el propio texto, su finalidad es “establecer las medidas necesarias para, en primera instancia, prevenir y, en último caso, corregir la contaminación medioambiental eliminando, en la medida de lo posible, la negativa repercusión que en la calidad de vida de los vecinos producen las molestias, incomodidades e insalubridades” generadas por este tipo de actuaciones.
